Montero confirma el objetivo fiscal en un momento de tensión energética
España cerró 2025 dentro del objetivo de déficit comprometido con Bruselas, situado en el 2,5 por ciento del PIB, según adelantó este jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La confirmación llega en un momento especialmente delicado, con el Gobierno preparando una respuesta urgente al encarecimiento de los carburantes provocado por la guerra en Irán y con la mirada puesta en evitar que una nueva crisis energética deteriore la actividad económica y el poder adquisitivo de los hogares.
El dato tiene una importancia doble. Por un lado, permite al Ejecutivo exhibir disciplina presupuestaria tras varios años marcados por shocks excepcionales. Por otro, le ofrece cierto espacio político para reaccionar ante nuevos imprevistos sin partir de una situación de descontrol en las cuentas públicas. Montero subrayó precisamente ese punto al defender que el ajuste no se ha logrado mediante recortes ni con una subida generalizada de impuestos, sino gracias al fortalecimiento de la recaudación y a una política fiscal más progresiva.
La ministra insistió en que el cumplimiento del objetivo desmonta el discurso de quienes sostienen que reducir el déficit solo es posible a través de recortes severos o de una presión fiscal indiscriminada. Según su planteamiento, el Ejecutivo ha ampliado las bases tributarias, ha aliviado la carga sobre los contribuyentes con menos renta y ha reforzado la imposición sobre grandes empresas y patrimonios. El dato definitivo, no obstante, se conocerá a finales de mes, cuando el Gobierno lo comunique formalmente a la Comisión Europea.
La mejora fiscal se apoya en la recuperación económica
La reducción del déficit desde los máximos registrados durante la pandemia ha sido intensa. En el peor momento de la crisis sanitaria, el desfase entre ingresos y gastos públicos llegó al 10 por ciento del PIB. Desde entonces, la recuperación de la actividad económica impulsó la recaudación, ayudada también por el efecto de la inflación sobre determinados ingresos tributarios. Esa combinación permitió una corrección rápida de los números rojos sin necesidad de aplicar un ajuste fiscal de choque.
En 2024, España cerró con un déficit del 2,8 por ciento del PIB, muy por debajo de los niveles excepcionales de la etapa covid. Si se incorporaba el gasto extraordinario asociado a la dana de octubre de ese año, autorizado por Bruselas para computarse de forma separada, la cifra subía al 3,2 por ciento. Alcanzar en 2025 el 2,5 por ciento implica, por tanto, una nueva reducción de al menos siete décimas.
El Gobierno quiere convertir esa evolución en un argumento de credibilidad económica. La idea que intenta transmitir es que ha sido posible consolidar las cuentas sin deteriorar el estado del bienestar y sin repetir el patrón de austeridad que se aplicó en otras crisis. Pero ese relato convive con una realidad menos cómoda: cumplir el objetivo de déficit no significa que el margen presupuestario sea amplio ni que España haya quedado al margen de futuras exigencias de ajuste.
Bruselas cambia las reglas y limita el margen futuro
La propia Montero recordó que las reglas fiscales europeas ya no están suspendidas como ocurrió durante la pandemia y el posterior shock inflacionario. Además, el nuevo marco de supervisión comunitaria ya no se centra únicamente en el nivel de déficit. La variable clave pasa a ser el crecimiento del gasto público neto, una referencia que excluye intereses de la deuda, determinadas medidas de ingresos y otras partidas específicas.
Eso cambia el enfoque del debate presupuestario. Aunque España haya cumplido con el déficit, las previsiones apuntan a que deberá introducir ajustes a partir de 2027 para respetar la senda pactada con la Unión Europea. En otras palabras, el logro de 2025 mejora la posición política del Gobierno, pero no elimina las restricciones que se avecinan en los próximos años.
Ese matiz es relevante porque evita interpretar el resultado como una carta blanca para aumentar el gasto sin límites. La situación sigue condicionada por la evolución del conflicto en Oriente Próximo, por la presión de los precios energéticos y por el posible contagio económico a sectores distintos del energético. El Ejecutivo dispone de algo más de aire, pero no de libertad plena.
El Gobierno prepara ayudas más moderadas que en 2022
Con este telón de fondo, el Consejo de Ministros extraordinario convocado para este viernes aprobará un nuevo paquete de medidas para amortiguar el impacto del encarecimiento de los combustibles. Todo apunta a que será una respuesta más limitada que la desplegada en 2022, cuando el Gobierno aprobó una batería de medidas de gran alcance para contener la crisis inflacionaria, incluida la mayor rebaja de impuestos energéticos vista hasta entonces.
Montero evitó detallar el contenido del decreto ley que anunciará Pedro Sánchez, aunque sí avanzó que incluirá dos tipos de actuaciones. Unas tendrán carácter estructural y estarán vinculadas al funcionamiento del mercado energético. Otras buscarán aliviar de forma más inmediata la presión que ejerce el alza de los carburantes sobre familias y empresas. La ministra también dejó claro que el texto solo incorporará medidas que cuenten con apoyo suficiente en el Congreso.
Esa estrategia rebaja la posibilidad de que entren en el paquete iniciativas ajenas a la crisis energética, como nuevas medidas de vivienda defendidas por algunos socios parlamentarios pero rechazadas por otros. El Gobierno sigue negociando con grupos políticos y agentes sociales para asegurar la convalidación del decreto. El mensaje de Hacienda es que el margen fiscal existe, pero que su uso estará condicionado por el equilibrio entre prudencia presupuestaria, urgencia económica y viabilidad parlamentaria.
