La ratio bruta impresiona, pero el balance real cuenta una historia distinta
La deuda pública se ha convertido en una de las grandes obsesiones de la economía global. Gobiernos con déficits persistentes, costes financieros al alza y revisiones de calificación han devuelto el foco a la sostenibilidad fiscal de los Estados. En ese debate, Japón suele aparecer como el caso más extremo. Su deuda bruta ha llegado a situarse por encima del 250 por ciento del PIB, una magnitud que, vista de forma aislada, sugiere una vulnerabilidad difícil de reconciliar con la estabilidad.
Sin embargo, Japón lleva años desmintiendo esa lectura automática. Pese a exhibir una de las ratios brutas más elevadas del planeta, no se comporta como una economía al borde del impago. No vive sometida a una crisis de financiación permanente ni a una espiral de desconfianza como la que sufrirían otros países con cifras similares. La explicación, según una parte creciente de los analistas, está en que la foto más repetida no refleja el verdadero estado de sus cuentas públicas.
La clave está en mirar no solo el pasivo, sino también el activo. Japón no es simplemente un país muy endeudado. También es un Estado con una posición financiera muy superior a la de otras economías avanzadas, gracias a reservas, depósitos, participaciones, bonos y grandes vehículos públicos de inversión. Por eso, cada vez más economistas sostienen que la deuda neta ofrece una imagen mucho más útil que la deuda bruta para entender su situación real.
La diferencia entre deuda bruta y deuda neta cambia el diagnóstico
La deuda neta mide lo que queda de la deuda pública una vez descontados los activos financieros del Estado. En el caso japonés, ese ajuste no es menor, sino decisivo. Mientras la deuda bruta todavía ronda niveles extraordinariamente altos, la deuda neta sobre el PIB era del 119 por ciento en 2024 y habría caído al 98 por ciento en 2025, según una de las referencias citadas. Otras estimaciones incluso rebajan más esa cifra al consolidar el balance público de forma más amplia.
Esa diferencia se explica por la envergadura de los activos públicos japoneses. El Estado, el Banco de Japón y los fondos públicos de pensiones acumulan carteras gigantescas de activos líquidos y financieros, tanto domésticos como internacionales. No se trata solo de reservas pasivas, sino de un entramado inversor que participa en bonos, acciones y otros instrumentos que han ganado valor de forma significativa en los últimos años.
Este matiz altera por completo el relato convencional. Un país con una deuda bruta descomunal puede parecer insolvente. Un país con una gran deuda, pero también con un volumen excepcional de activos revalorizados, entra en una categoría mucho más compleja. En Japón, esa complejidad importa porque el balance agregado del sector público es mucho menos frágil de lo que la cifra bruta sugiere.
La revalorización de los activos ha actuado como amortiguador
Uno de los rasgos más singulares del caso japonés es que parte de su ajuste no se ha producido solo por contención fiscal o crecimiento nominal, sino también por el aumento del valor de los activos en manos públicas. Esa dinámica ha permitido reducir la carga neta de la deuda sin recurrir exclusivamente a superávits presupuestarios o a recortes drásticos.
El ejemplo más citado es el enorme peso de los fondos públicos de pensiones y otras entidades estatales con capacidad inversora. El Government Pension Investment Fund, por sí solo, gestiona activos por valor de 1,8 billones de dólares. A eso se suman otras carteras públicas y las posiciones del Banco de Japón y del Ministerio de Finanzas, que incluyen importantes tenencias de bonos extranjeros, especialmente de Estados Unidos.
La consecuencia es que Japón ha podido beneficiarse de la revalorización de mercados financieros globales y convertir parte de ese rendimiento en alivio para su posición fiscal neta. Es una vía poco habitual en el imaginario sobre deuda soberana, donde la reducción suele asociarse a austeridad, inflación o restructuración. Japón muestra otra posibilidad: una disminución relativa de la carga gracias a una base patrimonial pública muy amplia y a inversiones que han funcionado bien.
Inflación y menor déficit completan el cambio de tendencia
Los activos no explican todo. El giro reciente también se apoya en dos elementos adicionales. El primero es el regreso de la inflación. En una economía acostumbrada durante años a precios estancados o incluso negativos, una inflación moderada ayuda a erosionar el valor real de la deuda y mejora la dinámica del cociente entre pasivo y PIB. Lo que en otras economías se percibe sobre todo como amenaza, en Japón también tiene una dimensión correctiva después de décadas de debilidad nominal.
El segundo factor es el ajuste del déficit. Según las cifras citadas, el desequilibrio presupuestario japonés se habría reducido hasta el 0,7 por ciento en 2025, con perspectivas de bajar aún más. Ese dato, muy lejos de los grandes desajustes vistos en otras potencias, sugiere que el Estado japonés ya no está alimentando la deuda al mismo ritmo que antes. Si a ello se suma una inflación por encima del 2 por ciento y un yen más débil, el entorno deja de parecer el de la vieja economía atrapada en la inercia deflacionaria.
En ese contexto, Japón deja de ser solo la gran bomba de deuda que domina el imaginario colectivo. Sigue siendo un país con cifras fiscales enormes, pero también con un balance público muy particular, una base patrimonial poco común y una dinámica macroeconómica que ha cambiado de forma relevante. La deuda sigue siendo alta, pero su sostenibilidad ya no puede juzgarse solo con una ratio bruta que impresiona más de lo que explica.
