La profesión militar se acerca al reconocimiento como actividad de riesgo
El Ministerio de Defensa ha decidido abrir el proceso para que la carrera militar sea reconocida como profesión de riesgo, una medida que podría permitir en el futuro el acceso a la jubilación anticipada sin recorte en la pensión. La decisión supone un giro relevante en una reivindicación histórica de las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, que llevan años reclamando un tratamiento similar al que ya tienen otros colectivos expuestos a condiciones especialmente duras o peligrosas.
La iniciativa será trasladada al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, el órgano en el que se sientan el ministerio y las asociaciones del sector. Ese paso no implica una aprobación automática ni inmediata, pero sí abre formalmente una vía que hasta ahora no había avanzado de manera clara. En términos políticos y laborales, el movimiento tiene un fuerte valor simbólico porque supone asumir que la profesión militar reúne características suficientes para entrar en la categoría de alto riesgo.
El debate no es menor. En España, la consideración de profesión de riesgo permite aplicar coeficientes correctores que adelantan la edad de retiro sin penalizar la cuantía de la pensión. Se trata de un tratamiento reservado a trabajos que presentan una peligrosidad especial, desgaste físico o mental notable, toxicidad, penosidad o un nivel de mortalidad o morbilidad superior al habitual.
Una demanda antigua que gana fuerza por la crisis en Oriente Próximo
La presión para reconocer este derecho se ha intensificado en las últimas semanas por el deterioro de la situación en Oriente Próximo. La Asociación Unificada de Militares Españoles volvió a reclamarlo tras subrayar la vulnerabilidad de las tropas españolas desplegadas en zonas de elevada tensión, especialmente en Líbano e Irak.
La argumentación de las asociaciones parte de una idea central: la peligrosidad no es un elemento excepcional del trabajo militar, sino una característica inherente al servicio. La exposición a conflictos, misiones internacionales, desplazamientos forzosos, disponibilidad permanente y riesgo físico forman parte estructural de la profesión. Por ello, defienden que el reconocimiento legal de esa realidad no debería depender solo de episodios concretos, sino de la naturaleza misma de la carrera militar.
El contexto internacional ha servido, en todo caso, para acelerar una discusión que ya estaba latente. Con cientos de militares españoles desplegados en áreas sensibles y con el foco público puesto en los riesgos operativos, la reclamación ha ganado fuerza y se ha vuelto más difícil de aplazar.
El reconocimiento no será inmediato ni depende solo de Defensa
Aunque el anuncio representa un avance político claro, el proceso será largo. La declaración de una profesión como actividad de riesgo exige una tramitación compleja, con informes técnicos, valoraciones jurídicas y la posterior aprobación del correspondiente decreto. Es decir, Defensa puede impulsar el procedimiento, pero no resolverlo por sí sola.
Eso significa que el cambio no tendrá efectos inmediatos sobre la edad de jubilación de los militares. Antes debe completarse un recorrido administrativo y normativo que puede prolongarse durante meses. Aun así, el paso dado ahora cambia la situación de partida porque por primera vez el ministerio asume formalmente la necesidad de estudiar ese reconocimiento.
En ese sentido, la decisión es más importante por lo que abre que por lo que resuelve hoy. Hasta ahora, la reivindicación pertenecía sobre todo al terreno sindical y asociativo. Desde este momento, entra de lleno en la agenda institucional.
La medida reabre el debate sobre otros colectivos excluidos
La propuesta también vuelve a poner sobre la mesa una cuestión incómoda: por qué algunos colectivos vinculados a la seguridad pública sí han logrado ese reconocimiento y otros no. Policías locales y autonómicos ya cuentan con mecanismos de jubilación anticipada ligados a la peligrosidad del servicio, mientras que militares y guardias civiles han permanecido fuera de ese marco.
Ese contraste ha alimentado durante años el malestar dentro de las Fuerzas Armadas, donde se considera difícil justificar que profesiones con una exposición evidente al riesgo queden excluidas del mismo tratamiento. Si el proceso abierto por Defensa prospera, podría reforzar la presión sobre otros cuerpos que reclaman medidas semejantes.
Por ahora, el movimiento del ministerio no resuelve el problema, pero sí modifica el equilibrio del debate. La cuestión ya no es si la reivindicación existe o si tiene respaldo dentro del sector. La cuestión pasa a ser si el Gobierno está dispuesto a llevar hasta el final una reforma que reconozca legalmente algo que las asociaciones militares llevan años defendiendo: que la profesión militar no solo exige vocación y disciplina, sino también un coste físico y personal que merece una protección específica en la jubilación.
