UGT ha denunciado que 772.325 pensionistas que en su día realizaron aportaciones a las antiguas mutualidades laborales siguen sin recibir la devolución del IRPF que, según la jurisprudencia, les corresponde. La reclamación vuelve a poner el foco sobre el ritmo de tramitación de Hacienda y sobre el impacto que estos retrasos tienen en un colectivo formado en gran parte por personas mayores y, en muchos casos, vulnerables.
Según los datos difundidos por el sindicato, a cierre de marzo de 2026 la Agencia Tributaria había recibido 2,4 millones de solicitudes de devolución. De ese total, se habrían tramitado 2,3 millones de expedientes, pero solo 1,54 millones de pensionistas habrían cobrado ya las cantidades correspondientes. Esa diferencia lleva a UGT a concluir que cerca de 800.000 ciudadanos con expedientes ya procesados continúan a la espera de recibir el dinero.
La denuncia llega en un momento especialmente delicado porque el derecho a estas devoluciones no es una cuestión nueva ni pendiente de interpretación. El Tribunal Supremo ya reconoció en 2023 que estos pensionistas habían tributado de más por determinadas aportaciones realizadas décadas atrás. El problema, por tanto, ya no reside en el reconocimiento jurídico del derecho, sino en la velocidad con la que la administración está ejecutando su devolución.
Cientos de miles siguen esperando el ingreso
El dato más llamativo del balance es precisamente la distancia entre expedientes tramitados y devoluciones efectivamente abonadas. UGT sostiene que, aunque Hacienda ha avanzado en el procesamiento de solicitudes, todavía hay 772.325 pensionistas que no han visto ingresado el dinero que les corresponde. En términos políticos y administrativos, esa cifra convierte el problema en algo más que un retraso puntual.
La organización sindical ha querido subrayar que no se trata de casos aislados. A su juicio, la magnitud del número pendiente demuestra que existe un cuello de botella que debe ser explicado por la Secretaría de Estado de Hacienda. De ahí que haya solicitado una reunión urgente con el objetivo de conocer las causas de la demora y, sobre todo, de fijar un calendario claro y vinculante para resolver los expedientes todavía pendientes.
El mensaje de UGT es que la administración no puede limitarse a reconocer que el proceso sigue abierto. Lo que se exige ahora es certidumbre para quienes ya han cumplido con los trámites y llevan meses esperando una devolución que, en muchos casos, puede resultar importante para su economía cotidiana.
Un derecho reconocido por el Supremo desde 2023
El origen de estas devoluciones se remonta a la sentencia del Tribunal Supremo de 2023, que estableció un criterio favorable para los pensionistas que habían realizado aportaciones a antiguas mutualidades laborales. El alto tribunal reconoció que debían tributar solo por el 75% de la parte de la pensión generada con las contribuciones efectuadas entre 1967 y 1978.
Además, la resolución fijó que no debía tributar en absoluto la parte de la prestación vinculada a aportaciones anteriores a 1967. Ese pronunciamiento abrió la puerta a las reclamaciones masivas y obligó a la administración tributaria a devolver cantidades abonadas en exceso durante años.
Desde entonces, el proceso ha tenido una enorme dimensión tanto por volumen de expedientes como por coste presupuestario. Pero también ha adquirido una dimensión simbólica, ya que afecta a un colectivo que reclama no una ayuda nueva, sino la restitución de un importe que nunca debió haberse cobrado en esos términos.
Más de 4.150 millones ya abonados
La Agencia Tributaria ya ha realizado una parte sustancial de esas devoluciones. Según el Informe de Recaudación Tributaria de 2025, publicado esta semana, entre 2024 y 2025 se abonaron más de 4.150 millones de euros a antiguos mutualistas. De esa cifra, 1.435 millones se desembolsaron en 2024 y 2.717 millones durante 2025.
Estos importes muestran que el proceso ya ha tenido un efecto presupuestario muy relevante. También evidencian que Hacienda ha ido avanzando en el pago a gran escala. Sin embargo, para quienes aún no han cobrado, el volumen ya desembolsado no reduce la sensación de agravio, sino que puede incluso acentuarla al comprobar que otros expedientes sí han sido resueltos con mayor rapidez.
Ese contraste entre el dinero ya abonado y el elevado número de pensionistas todavía pendientes es lo que alimenta ahora la presión sindical y la exigencia de explicaciones públicas más detalladas sobre el criterio y el ritmo de las devoluciones.
Presión para fijar un calendario vinculante
UGT insiste en que muchas de las personas afectadas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y que no deberían seguir esperando indefinidamente. La organización sostiene que el Estado mantiene una deuda con ellas y que la administración debe actuar con mayor diligencia para cerrar una cuestión que lleva demasiado tiempo abierta.
La petición de un calendario vinculante apunta precisamente a ese problema de fondo: la falta de previsibilidad. Mientras no exista una hoja de ruta oficial con plazos concretos, miles de pensionistas seguirán sin saber cuándo se resolverá definitivamente su caso o cuándo recibirán el ingreso correspondiente.
La cuestión ya no es únicamente fiscal. También es una prueba de gestión pública y de credibilidad institucional. Tras el pronunciamiento del Supremo y después de miles de millones ya devueltos, la atención se centra ahora en los expedientes que aún faltan. Y ahí es donde crece la presión para que Hacienda pase de las cifras globales a una respuesta concreta para quienes siguen esperando.
