La Comunidad de Madrid financiará la jubilación parcial del profesorado de la educación concertada con contratos relevo a partir del curso 2026/27, dando respuesta a una demanda largamente sostenida por este colectivo. La medida supone un cambio relevante para cientos de docentes, pero también para los propios centros, que podrán combinar la salida progresiva de profesores veteranos con la entrada de nuevos profesionales en plantilla.
El acuerdo será firmado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades con las organizaciones patronales y sindicales del sector y tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2027, con renovación anual a partir de esa fecha. Más allá del valor laboral de la medida, el Ejecutivo madrileño la presenta como una fórmula para favorecer la estabilidad de los centros concertados y facilitar el relevo generacional en las aulas.
La decisión no llega de forma aislada. Se enmarca en una política de refuerzo presupuestario de la enseñanza concertada en Madrid y da forma concreta a una reivindicación que el sector llevaba años planteando sin éxito. Ahora, el Gobierno regional opta por convertirla en una medida financiada con fondos públicos y vinculada a una lógica doble: mejorar las condiciones de salida hacia la jubilación y estimular nuevas contrataciones.
Cómo funcionará la jubilación parcial
Según el acuerdo previsto, los docentes podrán acogerse de forma voluntaria a una reducción de jornada durante los dos años previos a su jubilación. En ese periodo pasarán de una carga lectiva ordinaria de 25 horas semanales a una jornada reducida de 7 horas, manteniendo al mismo tiempo el 100% de la cotización a la Seguridad Social.
En términos generales, la medida equivale a una reducción del 75% de la jornada habitual. Para acceder a ella será necesario acreditar una antigüedad mínima de seis años en el centro. Además, existirá la posibilidad de concentrar esa reducción horaria, siempre que haya acuerdo entre el trabajador y el colegio y que el funcionamiento del centro quede plenamente garantizado.
Ese diseño busca equilibrar intereses. Por un lado, ofrece una salida más gradual al profesorado de mayor edad. Por otro, evita que la medida se convierta en un problema organizativo para los colegios, que seguirán teniendo margen para pactar cómo se articula en la práctica.
El relevo obligará a contratar nuevos docentes
Uno de los elementos más destacados del plan es que la jubilación parcial irá ligada a contratos relevo. Es decir, la reducción de jornada del profesor veterano deberá acompañarse de la incorporación de otro docente. Según los cálculos del Gobierno madrileño, esta fórmula favorecerá la entrada de nuevos profesionales en los centros concertados de la región.
Las nuevas contrataciones deberán dirigirse preferentemente a personas en situación de desempleo, serán indefinidas a tiempo completo y tendrán que mantenerse al menos durante dos años una vez finalice la jubilación parcial del profesor sustituido. Esa condición pretende evitar que el contrato relevo se limite a una solución temporal y convertirlo, en cambio, en una vía de incorporación más estable al sistema educativo concertado.
La medida, por tanto, no solo tiene una dimensión laboral para quienes se aproximan al retiro. También introduce una herramienta de renovación de plantillas que puede aliviar parcialmente la dificultad de acceso al empleo docente en la red concertada.
Una reivindicación histórica con impacto inmediato
El Ejecutivo madrileño calcula que esta iniciativa beneficiará a más de medio millar de profesores. La cifra no es menor si se tiene en cuenta que la educación concertada ocupa una posición clave dentro del sistema educativo madrileño y que cualquier medida de este tipo tiene impacto directo tanto en la calidad del servicio como en la organización interna de los centros.
Para el sector, el anuncio tiene un valor añadido evidente. Durante años, la jubilación parcial del profesorado concertado fue una de las reclamaciones más repetidas por sindicatos y patronales, que defendían la necesidad de equiparar condiciones y facilitar una transición menos brusca en la etapa final de la carrera profesional. La firma del acuerdo supone, en ese sentido, el cierre de una vieja negociación pendiente.
La Comunidad de Madrid convierte así una demanda histórica en una política concreta, con calendario, financiación y compromiso formal. El verdadero examen llegará ahora con su aplicación real en los centros y con la capacidad de la medida para combinar de forma eficaz tres objetivos a la vez: mejorar la salida del profesorado veterano, mantener la estabilidad organizativa y abrir la puerta a nuevas incorporaciones docentes.
