Un primer paso que necesita más ambición
Tras meses de incertidumbre, el Gobierno activó el 3 de febrero el Plan Auto 2030 con el lanzamiento del Programa Auto+, destinado a incentivar la compra de vehículos electrificados. El anuncio supone una señal positiva para el sector, pero apenas representa el inicio de un desafío estructural mucho mayor: transformar un ámbito que genera cerca de un tercio de las emisiones nacionales y aporta alrededor del 10% al PIB.
Al cierre de 2025, circulaban en España unos 600.000 vehículos electrificados, muy lejos de los 5,5 millones previstos en el PNIEC para 2030. Las ayudas públicas como el Plan Moves o el nuevo Auto+ ayudan, pero no bastan para lograr el salto cuantitativo necesario. La electrificación no puede depender únicamente de subvenciones en el momento de la compra.
Infraestructura: más que cantidad, distribución
El debate sobre la falta de puntos de recarga suele centrarse en cifras absolutas. A febrero de 2026 existían cerca de 50.000 puntos operativos, aproximadamente uno por cada 12 vehículos eléctricos, con tasas de uso que rondan el 10%. En términos globales, la red no está colapsada.
El problema radica en la distribución territorial. Cerca del 60% de los puntos se concentran en cuatro comunidades autónomas y principalmente en áreas urbanas. Esta concentración deja amplias zonas rurales y carreteras secundarias con escasa cobertura, generando las llamadas “zonas de sombra”.
Para superar el dilema entre baja utilización inicial y falta de rentabilidad, se plantea la financiación vinculada a la utilización, ya aplicada en Reino Unido. Bajo este modelo, durante los primeros meses de operación, cuando el uso es bajo, una entidad pública cubre parcialmente el coste financiero. A medida que aumenta la demanda, el operador devuelve parte del incentivo. El impacto presupuestario es limitado y permite activar inversión privada donde hoy no es viable.
Acceso económico: más allá de la subvención
Incluso con ayudas directas, el precio de los vehículos eléctricos sigue siendo una barrera para muchas familias. El parque móvil español supera los catorce años de antigüedad media y el diferencial de coste respecto a modelos de combustión continúa siendo significativo.
El leasing social emerge como una alternativa para ampliar el acceso. Este sistema permite alquilar un vehículo eléctrico durante varios meses con cuotas reducidas y opción de compra final. La experiencia francesa demostró un alto interés ciudadano, agotando la convocatoria inicial en pocas semanas.
Otras medidas complementarias podrían reforzar el impacto: integración de la movilidad sostenible en planes de retribución flexible, financiación a tipo 0 para eléctricos o mecanismos que faciliten que la recarga privada acceda a esquemas de créditos energéticos renovables.
Una oportunidad estratégica
El Plan Auto 2030 puede convertirse en una hoja de ruta integral si logra movilizar capital privado, generar confianza industrial y ofrecer soluciones reales a consumidores. No se trata solo de vender más coches eléctricos, sino de construir un ecosistema competitivo y financieramente sostenible.
La electrificación del transporte exige innovación en financiación, coordinación público-privada y medidas estructurales que reduzcan riesgos y amplíen el acceso. Solo con un enfoque integral se podrán cerrar las brechas actuales y acercarse a los objetivos energéticos de la próxima década.
