Las conversaciones pueden convertirse en pruebas legales
Los usuarios que comparten información sensible con asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT podrían estar entregando, sin saberlo, datos que podrían ser usados en su contra. Sam Altman, CEO de OpenAI, advirtió en una entrevista reciente que las conversaciones mantenidas con ChatGPT no están protegidas por confidencialidad legal, y que pueden ser utilizadas como evidencia si una autoridad judicial así lo requiere. Altman expresó su preocupación sobre la confianza excesiva de los usuarios y recordó que su compañía, como cualquier otra, debe colaborar con las autoridades cuando existe una orden judicial.
La política de privacidad y el deber de colaboración
OpenAI explica en su política de privacidad que recopila datos como conversaciones y registros con el objetivo de “cumplir con obligaciones legales”. Esto implica que, en un proceso judicial, la empresa puede estar obligada a entregar información almacenada en sus servidores. Esta situación no es exclusiva de OpenAI: otras tecnológicas como Amazon también se han visto involucradas en casos en los que sus dispositivos o servicios virtuales fueron requeridos como posibles testigos de delitos. Según expertos legales, el derecho a la protección de datos cede ante el interés de la justicia cuando hay sospechas fundadas de actividad delictiva.
Precedentes en dispositivos inteligentes
Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2015 en Arkansas, Estados Unidos, donde un asistente Amazon Echo fue examinado tras un homicidio. Aunque Amazon se resistió inicialmente a entregar grabaciones, el dueño del dispositivo autorizó el acceso. Otro caso en New Hampshire involucró a un Echo presente durante un doble asesinato. En ambos, la justicia determinó que había causa probable para solicitar los datos. Estos precedentes reflejan cómo la tecnología puede aportar pruebas clave, aunque plantean interrogantes sobre la privacidad de los usuarios.
Sin secreto profesional para la IA
A diferencia de médicos, abogados o religiosos, los asistentes virtuales como ChatGPT no gozan del privilegio del secreto profesional. En España, solo un juez puede ordenar el acceso a datos personales, pero si se cumplen los requisitos legales, ni OpenAI ni otras empresas pueden negarse. Samuel Parra, abogado especialista en derecho tecnológico, señala que “una conversación con ChatGPT puede ser solicitada por un juez igual que un correo electrónico o una conversación en redes sociales”. Además, el tipo de delito no limita esa solicitud: dependerá del criterio judicial y del contexto de la investigación.
