Una oportunidad para ordenar el crédito al consumo
El director general de Santander Consumer Bank España, Fernando Jáñez, considera que la transposición de la nueva directiva de financiación al consumo es una oportunidad clave para reducir la inseguridad jurídica que soporta el sector. Según explicó en la jornada «Tu financiación responsable» organizada por ASNEF, las entidades se enfrentan a decisiones judiciales con efectos retroactivos que alteran de forma imprevisible el marco de negocio.
Jáñez subrayó que en la financiación al consumo conviven tres actores que no siempre están coordinados: el legislador, que dicta las normas; el supervisor, que vela por su cumplimiento; y los tribunales, que las interpretan. El resultado, advirtió, es un entorno de «absoluta incertidumbre», ejemplificado en las recientes sentencias del Tribunal Supremo sobre las tarjetas revolving.
Retroactividad y necesidad de un marco estable
El máximo responsable de la filial del Banco Santander insistió en que el negocio del crédito necesita un marco estable y predecible. Defendió que las normas deben ser claras desde el inicio y que las entidades no pueden verse obligadas a asumir cambios de criterio con efecto retroactivo sobre operaciones firmadas años atrás. Esta situación, afirmó, penaliza la concesión de crédito y encarece los costes para el consumidor final.
A su juicio, se está poniendo un foco desproporcionado en la transparencia formal y en la prevención de situaciones indeseadas, mientras se avanza menos en la monitorización continua de la actividad crediticia y del estado real de los clientes. Recordó que el trabajo de las entidades no termina al conceder el préstamo, ya que los hogares pueden atravesar eventos que afecten a su capacidad de pago y exijan soluciones de remediación.
Modernizar la regulación y armonizar Europa
Jáñez destacó que la directiva representa una ocasión para modernizar la regulación y adaptarla a la forma actual de comercializar productos financieros, marcada por la digitalización y los nuevos canales. También la ve como una vía para avanzar hacia un marco más homogéneo en Europa. Hoy, por ejemplo, las reglas en Holanda difieren de manera sustancial de las españolas, lo que genera obligaciones adicionales y se refleja en el coste del crédito para el cliente.
La transposición, añadió, debería reforzar los estándares de protección del consumidor y ayudar a prevenir situaciones de sobreendeudamiento, sin ahogar la oferta de financiación responsable ni penalizar a los operadores que cumplen las normas.
El papel de los tribunales y el aviso de CECA
El director general de CECA, Antonio Romero, recordó que los tribunales «han hecho una irrupción estelar» en el ámbito del crédito, y que muchas sentencias del Supremo responden a vacíos o a insuficiencias de la legislación. En algunos casos, señaló, se está introduciendo un control de transparencia adicional con un fuerte componente retrospectivo que genera inquietud en el sector.
Romero advirtió de que aplicar requisitos posteriores a carteras antiguas, como sucedería si se extendieran a todos los préstamos hipotecarios las obligaciones de la Ley de Crédito Inmobiliario, dispararía la inseguridad jurídica. Por ello reclamó que la transposición de la directiva de crédito al consumo evite cualquier aplicación retroactiva y proporcione un marco claro, estable y equilibrado entre protección al cliente y viabilidad del negocio financiero.
