Bruselas flexibiliza las emisiones y da aire al automóvil

Un giro regulatorio con impacto en 2035

La Comisión Europea ha decidido suavizar el marco de reducción de emisiones para el sector del automóvil, introduciendo una mayor flexibilidad de cara a 2035. Aunque el objetivo inicial era eliminar por completo los vehículos con emisiones de CO₂ a partir de ese año, la nueva propuesta permite que los fabricantes sigan produciendo motores de combustión de forma limitada, siempre que compensen ese margen con otras medidas medioambientales.

En lugar de una eliminación total, Bruselas fija ahora una reducción del 90% respecto a los niveles de 2021. El porcentaje restante deberá neutralizarse mediante el uso de acero con menor huella de carbono fabricado en la UE o a través de biocarburantes y combustibles de bajas emisiones.

Más tiempo para la transición industrial

La decisión supone un alivio para los grandes fabricantes europeos, especialmente los alemanes, que atraviesan una etapa compleja. El nuevo marco concede margen adicional para adaptar las líneas de producción hacia el vehículo eléctrico y prolonga la vida comercial de tecnologías como los híbridos.

Desde la Comisión se justifica el cambio como una forma de respaldar los esfuerzos del sector en su transición hacia una movilidad más limpia, evitando una ruptura abrupta que podría poner en riesgo empleo y competitividad.

Impulso a los eléctricos pequeños y a las furgonetas

Entre las medidas adicionales destaca la creación de una nueva categoría de vehículos eléctricos compactos y asequibles, los denominados Small Affordable Cars, con una longitud máxima de 4,2 metros. Esta iniciativa permitirá a los Estados miembros diseñar incentivos específicos para fomentar su producción y compra, con precios orientativos en torno a los 20.000 euros.

Asimismo, se relajan los objetivos de reducción de emisiones para las furgonetas, que pasan de exigir un recorte del 50% en 2030 a uno del 40%, lo que beneficia a fabricantes con fuerte presencia en este segmento.

Presión industrial y contexto geopolítico

El cambio llega tras meses de presión del sector automovilístico europeo, afectado por una demanda débil y por la creciente competencia de los fabricantes chinos, más competitivos en precio y tecnología. Marcas como BYD han ganado terreno incluso pese a los aranceles impuestos por la UE.

El peso económico del sector, que representa cerca del 7% del PIB europeo y más de 2,4 millones de empleos directos, ha sido clave en la decisión. Alemania, Italia, Polonia y la República Checa han liderado el impulso a la flexibilización, mientras que España había defendido mantener los objetivos originales.

Reacciones del sector

La industria ha acogido positivamente el giro, aunque considera que se trata solo de un primer paso. Desde la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles se valora la mayor flexibilidad y neutralidad tecnológica, pero se reclama un análisis más profundo de algunas condiciones, como la exigencia de acero producido en la UE.

Expertos del sector subrayan que, sin una medida de este tipo, el impacto sobre el empleo habría sido severo, dado que la industria europea sigue muy apoyada en el motor de combustión y aún no puede competir en igualdad de condiciones con los eléctricos chinos.

Consecuencias para las fábricas españolas

En España, el nuevo enfoque no altera de forma radical la hoja de ruta, pero sí aporta margen adicional para completar la transformación. Las plantas nacionales están avanzando en la producción de vehículos menos contaminantes, que ya representan una parte creciente del total fabricado.

La apuesta europea por los eléctricos pequeños favorece especialmente a centros productivos como Martorell, Landaben, Vigo o Figueruelas, mientras que la flexibilización en furgonetas puede impulsar instalaciones en Galicia y Vitoria.

Plan Auto 2030 sigue vigente

El ajuste normativo no modifica el Plan Auto 2030 presentado recientemente en España. Al contrario, el sector considera que el nuevo marco comunitario refuerza esta estrategia, que prevé 6.000 millones de euros de inversión pública y unos 40.000 millones de inversión privada en cinco años.

Las asociaciones del sector insisten en mantener la urgencia de acción y activar cuanto antes los mecanismos de seguimiento del plan, con el objetivo de combinar sostenibilidad ambiental y competitividad industrial en un contexto internacional cada vez más exigente.