Una red en expansión, pero con fallos críticos
España ha incrementado notablemente su red de cargadores para coches eléctricos, alcanzando los 46.358 puntos de carga al cierre del primer trimestre de 2025. El crecimiento del 20% respecto al trimestre anterior refleja una apuesta clara por la movilidad sostenible. Sin embargo, la realidad es menos prometedora: más de 13.000 de esos puntos no están operativos. Esto representa el 22% de la infraestructura instalada, lo que limita seriamente el uso real del coche eléctrico en el país.
Nuevo decreto para desbloquear cargadores inactivos
Para revertir esta situación, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 7/2025, que establece plazos máximos para conectar los puntos de carga a la red eléctrica. Las distribuidoras tendrán desde cinco hasta 80 días, dependiendo del nivel de obra requerido. Por ejemplo, si no se necesitan ampliaciones, la conexión debe realizarse en cinco días. Si se requiere construir centros de transformación, el plazo se amplía hasta los 80 días.
El objetivo es reducir los retrasos actuales, que pueden alargarse entre uno y tres años, y desbloquear la infraestructura ya instalada. También se contempla una vía rápida para cargadores de hasta 66 kW, que deberán conectarse a la red de alta tensión en un plazo máximo de 80 días.
Flexibilidad administrativa y reducción de burocracia
Otra medida destacada es la eliminación de la autorización administrativa previa para estaciones ultrarrápidas, siempre que no sea necesario un reconocimiento técnico general del proyecto. Asimismo, si la obra corre a cargo del solicitante, la empresa distribuidora debe revisar el proyecto en un plazo máximo de 10 días hábiles y verificar su ejecución en el mismo periodo tras finalizar las obras.
España, aún lejos de Europa en movilidad eléctrica
Pese a estos avances, España continúa rezagada respecto a otros países europeos en materia de puntos de recarga. Si todos los cargadores instalados estuvieran en funcionamiento, se superarían los 60.000 puntos, una cifra más acorde a las exigencias de descarbonización y electrificación del transporte. El nuevo decreto representa un paso decisivo para reducir esta brecha, pero el reto sigue siendo garantizar el funcionamiento real de la red.
