El crecimiento económico no borra el problema de las pensiones
España ha logrado avances notables en crecimiento del PIB y creación de empleo en los últimos años, pero estas mejoras no han resuelto su mayor amenaza financiera: el sistema de pensiones. Según Eurostat, el país acumula una ‘deuda implícita’ del 500% del PIB en derechos adquiridos por los trabajadores y pensionistas, lo que la sitúa como la más alta de toda Europa.
Esta deuda no está formalmente registrada en los mercados financieros, pero representa un compromiso real del Estado con millones de ciudadanos. Se trata del valor estimado de todas las pensiones públicas y privadas ya generadas, si el sistema se cerrara hoy. El problema no es teórico: el déficit contributivo de las pensiones alcanzó los 30.000 millones de euros el año pasado y se prevé que siga creciendo a medida que la generación del baby boom se jubile.
Un sistema que ya muestra signos de agotamiento
Incluso sin contabilizar esa deuda implícita, el sistema de pensiones presenta importantes desequilibrios. Desde 2019, ha necesitado inyecciones constantes del Estado para cubrir el déficit. La situación se agravará con el aumento de la esperanza de vida y la jubilación masiva de la generación del baby boom, lo que elevará el número de pensiones en más de un 50% en las próximas décadas.
El sistema español, basado en reparto, depende completamente de las cotizaciones actuales para pagar las pensiones. Sin embargo, la población activa disminuirá, y las pensiones, indexadas a la inflación, seguirán creciendo. Esto provocará una presión insostenible sobre las finanzas públicas, especialmente porque España mantiene una de las tasas de sustitución más altas de la OCDE: los jubilados cobran en promedio el 80% de su último salario.
Una deuda más difícil de gestionar que la financiera
Aunque no es jurídicamente exigible, esta deuda social es más difícil de recortar que la deuda financiera. Un bono del Estado obliga por contrato; una pensión puede ser reformada políticamente. Sin embargo, el peso electoral y social de los pensionistas hace políticamente inviable reducir drásticamente estas prestaciones.
La dificultad no está solo en lo económico. El envejecimiento demográfico alterará profundamente el equilibrio social: en 2050 habrá más de 6 millones de personas mayores de 65 años adicionales, mientras que la población en edad de trabajar disminuirá. Este desequilibrio amenaza con transformar a los pensionistas en el bloque electoral más influyente del país.
¿Una salida posible o un callejón sin retorno?
Reducir la ‘deuda pensional’ requeriría medidas impopulares como retrasar la edad de jubilación, reducir la cuantía de las pensiones o endurecer los requisitos. Sin embargo, ninguna parece viable en el contexto actual. Apostar exclusivamente por el crecimiento económico tampoco basta: incluso en los escenarios más optimistas, la carga de las pensiones supera con creces la capacidad de financiación del sistema.
España se enfrenta así a una crisis silenciosa que no figura en los balances oficiales, pero que condicionará todas las decisiones fiscales y sociales de las próximas décadas. La deuda implícita en pensiones no solo compromete el presente, sino que limita el margen de maniobra del futuro.
