Bruselas cuestiona las normas aplicadas por el Gobierno
La Comisión Europea abrió el 17 de julio un procedimiento de infracción contra España por su actuación en la OPA de BBVA sobre Sabadell. Considera que el Ejecutivo español ha aplicado normas que no se ajustan al derecho comunitario. Como primer paso del proceso, envió una carta de emplazamiento con plazo hasta este miércoles para recibir una respuesta. Sin embargo, España ha solicitado una prórroga de seis semanas adicionales para enviar la documentación requerida.
Según fuentes del Ministerio de Economía citadas por elEconomista.es, la petición fue realizada el pasado 12 de septiembre y aún no ha recibido respuesta de la Comisión. No obstante, todo apunta a que Bruselas mostrará flexibilidad. La normativa europea permite ampliar plazos si el país afectado lo solicita y si las circunstancias lo justifican.
El Gobierno defiende su actuación en nombre del interés general
El origen del expediente es la imposición por parte del Consejo de Ministros a BBVA de mantener a Sabadell como entidad jurídica independiente durante al menos tres años. Esto implica no fusionar ambas entidades, mantener su patrimonio por separado y no realizar ajustes de personal relacionados con la operación. La medida, basada en la Ley de Defensa de la Competencia, busca proteger el interés general según el Gobierno.
Bruselas, sin embargo, ha expresado reiteradamente su desacuerdo. Sostiene que algunas disposiciones de la legislación española en materia bancaria y de competencia otorgan al Ejecutivo poderes excesivos para intervenir en fusiones y adquisiciones, lo que contraviene los Reglamentos bancarios de la UE y las competencias del Banco Central Europeo.
Bruselas ve restricciones injustificadas al capital y la competencia
La Comisión Europea considera que los “amplios poderes discrecionales” del Gobierno español constituyen barreras injustificadas a la libertad de establecimiento y al libre movimiento de capital dentro de la Unión. Esto ocurre justo cuando la UE busca fomentar la creación de grandes grupos empresariales capaces de competir a nivel global. Además, Bruselas subraya que estas fusiones favorecen una asignación eficiente del capital y un mejor acceso a servicios financieros para ciudadanos y empresas.
¿Qué ocurre si España no responde?
Si España no respondiera dentro del plazo o si la prórroga no fuera aceptada, se activaría la siguiente fase del procedimiento: el envío de un dictamen motivado. Este segundo paso da al país otros dos meses para corregir la situación y ajustarse a la normativa comunitaria. Si tampoco se cumple esta fase, la Comisión podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE.
Aunque este último paso es poco común, implicaría una posible sanción económica y la obligación de modificar la legislación nacional. En la mayoría de los casos, los conflictos se resuelven antes de llegar a los tribunales. No obstante, el expediente por la operación BBVA-Sabadell sigue generando fricciones entre el Gobierno y Bruselas.
