Hasta 500 euros mensuales en municipios pequeños
Ante la imposibilidad de muchos jóvenes para acceder a la compraventa de vivienda, el alquiler se ha convertido en la única vía de emancipación. Sin embargo, el encarecimiento de las rentas también complica esta opción. Por ello, el Gobierno ha incluido en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 una ayuda mensual de hasta 300 euros para el alquiler de vivienda habitual y de 200 euros para habitaciones. Estas cuantías aumentan hasta 500 y 250 euros, respectivamente, si la vivienda está ubicada en municipios de menos de 10.000 habitantes.
Para acceder a estas ayudas será necesario tener 35 años o menos y no poseer una vivienda en propiedad. Además, los ingresos anuales del hogar no deben superar cinco veces el IPREM, ampliándose a 5,5 veces para personas con discapacidad o hijos de víctimas de violencia de género, y a seis veces en casos de discapacidad igual o superior al 33%.
Límites de renta y duración de la ayuda
Las ayudas solo se aplicarán a contratos de arrendamiento con rentas iguales o inferiores a 1.000 euros mensuales. En el caso de habitaciones en viviendas compartidas, el límite será de 600 euros. Este tope tiene como objetivo evitar que las subvenciones terminen trasladándose a los precios, una preocupación expresada en anteriores experiencias como el bono joven de 250 euros. El Banco de España ya advirtió en su momento sobre este riesgo, también observado en países como Reino Unido, Francia y Estados Unidos.
El plazo de la ayuda será de dos años, con la posibilidad de prórroga por otros dos más si el beneficiario lo solicita y cumple los requisitos establecidos.
7.000 millones de inversión pública hasta 2030
El nuevo plan estatal contará con una inversión total de 7.000 millones de euros, de los cuales el 60% será financiado por el Estado (4.200 millones) y el 40% restante por las comunidades autónomas (2.800 millones). De este monto, el 40% se destinará a aumentar la oferta de vivienda pública, protegida y asequible, orientada mayoritariamente al alquiler.
El Gobierno ha subrayado que cualquier vivienda pública o protegida financiada por este plan deberá conservar esa condición durante toda su vida útil. Esta medida busca garantizar una oferta estructural de vivienda asequible a largo plazo, y no solo paliar los efectos coyunturales del mercado.
