Un consenso incómodo: el modelo actual ya no funciona
Que la OCDE vuelva a alertar sobre el futuro del sistema de pensiones español ya no es noticia. Lo que sí resulta revelador es que incluso medios habitualmente alineados con la visión económica del Gobierno admiten ahora que la estructura actual es insostenible. La factura no está blindada, como repite el discurso oficial, sino encaminada hacia un coste que ningún país desarrollado puede asumir sin comprometer crecimiento económico, competitividad y equilibrio intergeneracional.
El peso sobre el PIB será el mayor de la OCDE
Los datos hablan por sí solos. Para 2050, España será el país de la OCDE que más porcentaje del PIB destinará a pensiones: un 17,3%, casi cuatro puntos más que en la actualidad y muy por encima de una media del 10%. La ecuación demográfica es inapelable. España combina una de las esperanzas de vida más elevadas del mundo, un colapso de la natalidad y una estructura laboral cada vez más precaria. El escenario apunta a tres jubilados por cada cuatro personas en edad laboral.
El sistema mantiene una de las tasas de sustitución más altas del planeta —alrededor del 80% del salario previo frente al 63% de la media de la OCDE— mientras la base de cotizantes se reduce y las obligaciones del Estado se multiplican. Es un modelo diseñado para una realidad que ya no existe.
El ajuste llegará por el gasto público o por las generaciones jóvenes
Los organismos internacionales coinciden en que sin nuevas medidas el sistema exigirá mayores transferencias del Estado. Cada euro destinado a cubrir el déficit de las pensiones será un euro menos para inversión, vivienda, sanidad o productividad. El impacto será doble: presupuestario y generacional. Las nuevas generaciones afrontan salarios bajos, alquileres elevados y mayor presión fiscal para financiar un modelo que difícilmente les garantizará prestaciones equivalentes.
Incluso quienes tradicionalmente habían respaldado el relato oficial reconocen ya la desconexión entre el diseño del sistema y la realidad social. La frustración entre los jóvenes y el deterioro de la confianza en las instituciones tienen una raíz económica que el Gobierno no puede seguir ignorando.
La urgencia de una reforma que aún no llega
Las posibles soluciones están sobre la mesa: elevar la edad efectiva de jubilación, fomentar el ahorro privado, mejorar la productividad y actualizar las reglas de sostenibilidad. Sin estas reformas, el modelo dependerá de mayores impuestos y más deuda. El debate ya no es si habrá cambios, sino quién asumirá el coste político y social de aplicarlos. Cuando hasta los defensores históricos del sistema admiten sus límites, es evidente que el margen para la negación se ha agotado.
