El magistrado declara ilegal la suspensión de solicitudes
Un juez federal en el Distrito de Columbia ha anulado este miércoles la orden del presidente Donald Trump de suspender el acceso al asilo en la frontera sur de Estados Unidos. En una resolución de 128 páginas, el magistrado Randolph Moss ha dictaminado que el Ejecutivo ha excedido su autoridad legal y ha vulnerado la legislación migratoria vigente. “El presidente no puede adoptar un sistema de inmigración alternativo que suplante los estatutos promulgados por el Congreso”, afirma Moss en su fallo.
El juez concluye que ni la Constitución ni las leyes actuales permiten rechazar el asilo a personas ya presentes en suelo estadounidense, independientemente de cómo hayan ingresado. La suspensión de la orden presidencial entrará en vigor en 14 días, aunque se espera que la Administración de Trump apele, lo que podría llevar el caso a una instancia judicial superior.
La demanda colectiva y el conflicto legal
El caso fue impulsado por organizaciones defensoras de derechos civiles, inmigrantes y refugiados, y presentado en nombre de varias personas afectadas. El magistrado Moss ha reconocido a los solicitantes como una “clase colectiva”, una figura legal que agrupa a todas las personas en situación similar y que permite mantener su protección legal pese a una reciente decisión del Tribunal Supremo que limita el alcance de los tribunales federales.
La demanda denuncia que la orden de Trump viola el principio legal de no devolver a solicitantes de asilo a países donde podrían sufrir persecución o tortura. Los demandantes aseguran que la medida pone en peligro vidas humanas y contradice las protecciones establecidas por el Congreso para quienes huyen de situaciones extremas.
Un choque de poderes en torno a la política migratoria
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha endurecido su discurso migratorio, calificando la situación en la frontera como una “invasión” y una emergencia nacional. Con base en ese argumento, ha intentado justificar medidas que el Congreso no ha autorizado. La decisión de Moss llega pocos días después de que el Tribunal Supremo dictaminara que los jueces federales no pueden frenar de forma preventiva decisiones del Ejecutivo. Sin embargo, esta resolución mantiene su efecto hasta que se resuelva en instancias superiores.
El abogado de la ACLU, Lee Gelernt, valoró positivamente el fallo: “Esta decisión devuelve el derecho al asilo a quienes escapan de peligros reales. Reafirma que el presidente está sujeto a la ley, y para muchas personas esto marcará la diferencia entre la vida y la muerte”.
